Finalmente el Senado canadiense sancionó el 20 de julio, sin enmiendas, la ley que reconoce a los llamados “matrimonios” del mismo sexo, por 42 votos a 21. El 28 de junio, había sido aprobada por la cámara de representantes por 158 a 133 votos. Es de notar que, que en esa ocasión, 32 representantes del partido liberal votaron en contra, a pesar de las amenazas del primer ministro Paul Martin, sobre que se jugaban sus carreras políticas si no obedecían la disciplina de partido. Según Life-Site el pasado 18 de julio, el Primer Ministro ordenó por escrito al Senado sancionar la ley, en una muestra más de totalitarismo que ha tenido este proceso, por ejemplo, la interrupción antirreglamentaria de los debates parlamentarios cuando a quienes correspondía exponer se oponían a la ley; la suspensión manu militari de las audiencias públicas convocadas y previstas con semanas de antelación; aumentos en el presupuesto para asegurarse los votos del Bloque de Quebec, etc. Cabe señalar que aún así, 5 de los parlamentarios de Quebec, no vendieron sus conciencias, asistieron a la sesión y votaron en contra del proyecto, el pasado 28 de junio. La primera declaración de la Conferencia Episcopal, después de la sesión del senado fue: “Los católicos nos seguiremos oponiendo a la ley”, dejando claro que está lejos de la voluntad de los obispos católicos aceptar, invocando una tolerancia que es complicidad, esta ley inicua. La ley atenta contra la libertad religiosa El 13 de julio, el cardenal Marc Ouellet, Arzobispo de Quebec y Primado de Canadá se hizo presente en el senado y entregó un enérgico documento en nombre de la Conferencia Episcopal y en el suyo propio. Recuerda el escrito las persecuciones a las que hemos hecho referencia en números anteriores, funcionarios públicos, docentes, y simples ciudadanos han sido acusados de homofobia y de “crimen de odio” -típicas figuras de la cultura homosexualista-, han sido llevados ante tribunales de “derechos humanos”, han perdido sus trabajos, etc….

Afirma el documento que la ley se opone al orden natural y, como si esto fuera poco también a todos los tratados vigentes de derechos humanos, comenzando por la Declaración Universal, y que responde a una totalitaria reingeniería social, contraria a la naturaleza y al derecho positivo y que sienta las bases para un injusto régimen de violación continua de no solo la libertad de conciencia y de religión, sino también de la libertad de enseñanza, sea ésta pública o privada.

Se concluye del documento entregado por el cardenal Ouellet a los legisladores, que los obispos fomentarán la resistencia civil, no sólo de los católicos sino de todos los hombres de buena voluntad, rechazando el miedo a la acusación de fomentar la desunión social: los que fomentan la disolución y la desunión de la sociedad son aquellos que se alzan contra el orden natural, fomentando la perversión de las costumbres en este campo, como también en el del aborto, la anticoncepción masiva, etc. Por eso los obispos canadienses dicen, “Canadá ha sido divido” por quienes procuran una nueva sociedad anticristiana; ellos son los culpables y no quienes defienden el orden natural. Ceder ante esa presión sería traicionar la misión de la Iglesia.