El voto de confianza del 18 de mayo benefició al gobierno del liberal Paul Martin, por el voto de dos legisladores pro-gay. Sería inminente la sanción de la ley de redefinición del matrimonio, que crearía la figura de “matrimonio homosexual”. El Bloque de parlamentarios de Quebec, fue “comprado” por el gobierno, otorgando a esa provincia más dinero público, lo que restó fuerzas a quienes se oponen al proyecto. El gobierno canadiense admitió oficialmente que el proyecto de ley de “matrimonio homosexual”, no contempla ninguna garantía para aquellos que estén en desacuerdo con la redefinición de matrimonio. El ministro de justicia del gobierno federal, Irwin Cotler, en vísperas del tratamiento de la ley, se refirió especialmente con las confesiones religiosas que se nieguen a “casar “ a homosexuales. Como informamos, ante legislaciones provinciales similares al proyecto nacional en discusión (C-38), varios funcionarios municipales de Newfoundland, Manitoba, British Columbia y Saskatchewan renunciaron ante el ultimátum que les obligaba a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo según las leyes de esas provincias, y el obispo de Calgary, Mons. Fred Henry fue acusado de atentar contra los derechos humanos por su prédica contraria al proyecto nacional, (vid. NG 694, 695). Derek Rogusky, vice-presidente de la asociación avangélica Focus on the Family, declaró que, “como están las cosas, los miembros de las confesiones cristianas serían llevados masivamente a los estrados judiciales”, por no aceptar los llamados “matrimonios “ entre homosexuales. Persecución instalada

En el mismo orden de cosas, poniendo en evidencia una persecución que se agudizará si se sanciona la ley federal, la Corte de Apelaciones de British Columbia, rechazó el recurso del Dr. Chris Kempling, que fue suspendido en su cargo de consejero escolar, sin goce de sueldo, por el superintendente de escuelas del distrito, por escribir en un diario en contra del proyecto federal de matrimonio homosexual. Kempling apeló a la corte basándose en derecho a la libre expresión y su derecho a la libertad religiosa, que en teoría se encontraban protegidos por la ley. (vid NG 712, 713). Según la Corte el ex-consejero no puede recurrir a la Carta de Derechos Humanos, reclamando por su libertad religiosa, ya que sus escritos contrarios a la legalización de uniones homosexuales, “son discriminatorios y atentan en su totalidad en contra el sistema de educación pública”, y que eso hace que no pueda ocupar cargos en dicho sistema. Días antes, la corte de derechos humanos del estado de Saskatchewan, condenó a William Whatcott, por distribuir panfletos contra el proyecto federal a una multa de 17.500 dólares. Su acción fue calificada como “crimen de odio”. Los volantes decían: “La homosexualidad es pecado”.

Extorsión gubernamental

A principios de junio el obispo de Calgary, Fred Henry presentó su testimonio contrario al proyecto C-38 en la Cámara de los Comunes y fue intimidado con la amenaza, por parte de los representantes del gobierno, que quienes (asociaciones y personas) se opusieran a la ley perderían su estatus especial de “actividades de caridad”, que los beneficia en el pago de impuestos.

Los obispos no callan

A pesar de eso, también a principios de junio volvió a intervenir la Conferencia Episcopal, que en estos últimos seis meses lo ha hecho al menos diez veces. El documento consta de 13 puntos; había sido presentado al Parlamento unos días antes. Recoge una serie de hechos ocurridos hasta ahora en los estados en los que rigen leyes de matrimonio homosexual, similares al proyecto de ley nacional. “El proyecto de ley de redefinición del matrimonio, aceptando el llamado matrimonio entre homosexuales, sienta las bases para un estado totalitario”, dice la declaración, “porque atenta contra la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de expresión”.

Transcribimos algunas de sus partes:

“Cuando la sociedad rechaza la primacía de la ley natural en su ordenamiento legal, el resultado no es otro que el caos y el desorden social, y está poniendo las bases para un estado totalitario, como nos enseña la historia del siglo XX”. “A los dirigentes y los miembros de los grupos religiosos se les ha conculcado ya el derecho a enseñar y predicar la verdad sobre el matrimonio y la homosexualidad, de acuerdo con su conciencia y sus creencias religiosas” “Una asociación de beneficencia, tiene una causa judicial ante un tribunal de derechos humanos, porque se negó a alquilar sus instalaciones para la celebración de un “matrimonio” (entre homosexuales), incompatible con las convicciones religiosas de su fe” “Los funcionarios civiles que celebran matrimonios, en las provincias y territorios de Canadá que tiene ese tipo de leyes, no están protegidos por la ley en cuanto a su libertad de conciencia y su libertad religiosa y se han visto obligados a renunciar o a presidir ceremonias irreconciliables con sus convicciones personales”. “El gobierno federal ha amenazado a las confesiones religiosas, y no ha asegurado que éstas no serán penalizadas privándolas de su ‘charitable status’, si no aceptan la redefinición de matrimonio”.

Pecadores públicos

Mons. Fred Henry, declaró también, que los legisladores que voten a favor del proyecto C-38, serán excluidos de la comunión, como todos los “notorios pecadores públicos”, por ejemplo aquellos que han votado a favor de la liberalización del aborto. Lo mismo había afirmado en su audiencia en el Parlamento al ser interpelado por un legislador que no esconde su condición gay. El mismo Henry propuso que si el gobierno quiere legislar beneficios para personas del mismo sexo que viven bajo un mismo techo, lo haga sin discriminar. Legislar a favor de la orientación homosexual es discriminatorio -dijo-, “hay muchas situaciones en las que no interviene la orientación sexual que merecerían ser contempladas”, por ejemplo, una nieta que cuide de su abuela y en ello invierta su vida. “Ni matrimonio homosexual, ni uniones civiles”, propuso Henry, “se podría reconocer una figura como ‘relaciones interdependientes entre adultos’, que no implique el uso del sexo”. Según Life Site, como informamos, preocupa particularmente a los políticos que la Jerarquía de la Iglesia haya insistido en la doctrina común y universal, según la cual los católicos no deben volver a elegir a aquellos legisladores que hayan votado leyes inicuas. De allí los intentos del apóstata Paul Martin y su gobierno de acallar a los obispos católicos.

NOTICIAS GLOBALES: Editor: Pbro. Dr. Juan Claudio Sanahuja