El mismo sábado en que mataron a la hermana Dorothy Stang fue asesinado un campesino y el martes otros dos, incluyendo un dirigente de trabajadores rurales. El gobierno de Brasil envió 2.000 militares a la zona para que realicen acciones de pacificación, en medio de acusaciones de la Iglesia Católica y su Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de capitular ante los poderosos de la región. El Pará, con un área que duplica el tamaño de Francia, tiene el mayor índice de asesinatos por disputa de tierras en Brasil. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, un total 1.379 personas murieron en Brasil entre 1985 y 2004 por conflictos en zonas rurales, pero sólo 75 casos fueron juzgados, y se condenó apenas a 15 autores intelectuales y 64 ejecutores. En Pará es frecuente la toma ilegal de tierras por hacendados y la explotación y el tráfico ilegal de maderas. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó intervenir más de ocho millones de hectáreas en la Amazonia para fortalecer la presencia del Estado en la conflictiva región de la selva. Lula calificó la ejecución de la hermana Dorothy Stang y otros asesinatos ocurridos como «crueles y cobardes» y dispuso instalar un gabinete provisional en un lugar cercano a donde ocurrieron las muertes. Lula, tras decidir la intervención, aprobó crear un parque nacional y una estación ecológica en una zona de Pará que está siendo devastada por la tala ilegal y la expansión de la agricultura.