Por tres votos Senado uruguayo legalizó el aborto

El Senado uruguayo aprobó ayer un proyecto de despenalización del aborto, poco más de tres años después de que el anterior presidente del país, el socialista Tabaré Vázquez, vetara su legalización.

     Fue aprobado por 17 votos a favor y 14 en contra tras un debate que duró casi 10 horas. El proyecto pasará a la Cámara de Diputados, de 99 miembros, de los cuales 50 pertenecen al oficialista Frente Amplio, que impuso disciplina de voto a favor de la legalización del aborto, por lo que podría ser aprobado en febrero o marzo.

     Bajo el liderazgo de Mónica Xavier, un grupo de senadores radicales del partido oficialista Frente Amplio, aprovechando que el Senado está en receso por vacaciones navideñas y que la oposición había salido del país, media docena de frenteamplistas venían reuniéndose a puertas cerradas en la Comisión de Salud para aprobar la ley abortista confiando en que no tendrían opositores.

Uruguay, un país de bajo desarrollo demográfico y con apenas 3,4 millones de habitantes, la penalización del aborto rige desde 1938. La ley vigente castiga con penas de tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con la interrupción del embarazo y con dos a ocho años para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.

     Ambas cámaras legislativas aprobaron la despenalización en octubre de 2008, pero el entonces presidente socialista Tabaré Vázquez, vetó la ley originando una crisis interna en el oficialismo. Como la senadora Mónica Xavier dijo que insistiría con la iniciativa, Vázquez renunció como afiliado al partido Socialista.

     El proyecto aprobado establece que “toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”. 

     Ese plazo no se tomará en cuenta si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran “malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina”.

     Los servicios de salud, tanto públicos como privados, tendrán la obligación de realizar el aborto en forma gratuita a las usuarias que lo soliciten, según establece el proyecto.

     Xavier explicó que la despenalización busca evitar las muertes como consecuencia de abortos clandestinos. Según organizaciones sociales, en Uruguay se practican unos 30.000 abortos al año. En su argumentación, Xavier dijo en el Senado que “para la religión la interrupción del embarazo puede ser un pecado. Pero para el Estado no puede ser igual pecado a delito”.

Senadores en contra del proyecto
     Por su parte, el senador Carlos Moreira, del Partido Nacional, que votó en contra, dijo que "desde la concepción hay vida. ¿No estaremos con esto incentivando el número de abortos? ¿El padre que participó en la gestación no puede opinar? No satanicemos al hombre. Muchos queremos paternidad responsable’, destacó. El legislador aseguró que "estamos violando la Constitución, y atentando contra el derecho más fundamental de todos: la vida’.

No habrá veto presidencial
     Se estima que, en caso de ser aprobada por el Congreso, Mujica no vetará la ley de despenalización ya que en varias oportunidades se manifestó contrario a imponer vetos a las decisiones parlamentarias. El gobierno del presidente José Mujica obligó en septiembre de 2010 a los servicios de salud a dar información y asesoramiento sobre anticonceptivos o embarazos no deseados pero mantuvo la penalización del aborto.

     El portavoz de la arquidiócesis de Montevideo, Miguel Pastorino, advirtió que los legisladores que votaron en favor de la norma y que profesen la religión católica no podrán recibir la comunión.

La firme y clara denuncia de la Conferencia Episcopal
     Ante tanta irregularidad, y manejos parlamentarios de los últimos días los obispos del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya enviaron una carta a los Senadores. 

     En ella confirmaron las denuncias hechas una semana antes por los representantes de la Pastoral Familiar que algunos sectores trataron de minimizar o desautorizar. Aprovecharon para precisar que esta afirmación no es nueva. 

     Es una denuncia hecha muchas veces por la Iglesia Católica en todo el mundo y que la repetirán todas las veces que sea necesario: el aborto es promovido por intereses internacionales para controlar la población. NO es una iniciativa de algún uruguayo o uruguaya, ni siquiera latinoamericana. Proviene de gente de países ricos que quieren que haya menos pobres.

     Dicen los obispos: “En la Carta Pastoral con motivo del Bicentenario "Nuestra Patria: Gratitud y Esperanza", que hicimos llegar a todos los parlamentarios (…) hicimos referencia a las reiteradas denuncias del papa Juan Pablo II respecto a "la difusión internacional de una ‘cultura de la muerte’, promovida por intereses que quieren controlar la población mundial". 

     “Y, a continuación afirmamos: "no es un secreto para nadie la inversión que instituciones internacionales hacen de cuantiosas sumas de dinero para difundir su ideología y que condicionan las ayudas al desarrollo,según los países se adapten o no a sus intereses".

     La ponencia completa leída en la Comisión fue reproducida en el quincenario “Entre Todos”, órgano oficial de la Arquidiócesis de Montevideo que alberga a la mitad de la población de Uruguay y que se repartió los díasl 10 y 11 de diciembre en la mayoría de parroquias como aval de la Iglesia a esta denuncia.

     El documento completo está en la página oficial de la Conferencia Episcopal Uruguaya:www.iglesiauruguaya.com.

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