La autoridad: «ha de ejercitarse en provecho de los ciudadanos, porque la única razón del poder de quien gobierna es la tutela del bienestar público» JOSÉ FÉLIX DÍAZ BERMÚDEZ | EL UNIVERSAL
Si algún documento de la Iglesia católica ha definido su doctrina en cuanto al gobierno, al Estado, a la libertad del individuo, fue en 1885 la Encíclica: «Inmortale Dei» del Papá León XIII, en la cual señalaba que la autoridad: «ha de ejercitarse en provecho de los ciudadanos, porque la única razón del poder de quien gobierna es la tutela del bienestar público»; al mismo tiempo, con respecto a la sociedad: «los Estados no deben excederse hasta hacerla esclava, o querer tenerla a sí, o impedir su acción o disminuir en algo los derechos…»; en cuanto al desenvolvimiento ciudadano la: «participación del pueblo en la gestión de las cosas públicas» la cual debía:» no sólo ser provechosa, sino aun obligatoria a los ciudadanos».
Igualmente contempló otros pronunciamientos esenciales: «la conservación de todas las cosas o instituciones que puedan contribuir al bienestar común; las ordenadas a coartar la tiranía de los príncipes -léase autoridades- que gobiernan mal a los pueblos; las que impiden que el supremo poder del Estado invada, indebidamente, el municipio o la familia, y, en fin, las dirigidas a conservar la honra, la vida y la igualdad de derechos en los ciudadanos». El concepto de sociedad civil se destacó en esa Encíclica, que fue antecesora de otras que sobre la libertad del hombre y los derechos sociales se elaboraron posteriormente.
La Iglesia expuso estos principios ante las realidades de ese tiempo y ante las orientaciones de la historia a finales del siglo XIX, previendo, en cierta forma, los dramáticos sucesos del siglo XX: dos guerras mundiales, la confrontación de bloques ideológicos y religiosos, genocidios y masacres, la presencia de infamantes dictaduras y tiranías, la pobreza y la miseria de grandes sectores humanos, la situación del trabajo del hombre, con los cuales inspiró transformaciones en la política y el derecho en distintos países.
Antes que Carlos Marx hubiese elaborado su postura sobre el tema laboral, la doctrina de la Iglesia había establecido los fundamentos. Por otra parte, la Encíclica: «Libertas» trató sobre la independencia del ser humano; «Sapientiae Christianae» sobre los deberes ciudadanos y «Rerum Novarum» sobre la denominada cuestión obrera.
En esta última (1891) proclamó admirablemente que: «…el fruto del trabajo es justo que pertenezca a los que trabajaron», prohibiendo: «abusar de los hombres, como si no fueran más que cosas». Vinculó de manera estrecha el trabajo y la moral, la atribución de las tareas y las condiciones y capacidades individuales, la necesidad del descanso dominical y del tiempo libre, la posibilidad de los ahorros, la suficiencia del salario y el establecimiento de obras de previsión. La reivindicación del derecho de asociación y la regulación del derecho de huelga, así como las limitaciones al trabajo infantil y de la mujer en condiciones inhumanas, fueron señaladas, entre otros asuntos.
«Quadragésimo Anno» de Pío XI, «Mater et Magistra» de Juan XXIII, «Octogesima Adveniens» de Pablo VI, «Laborem Excercens» y «Centesimus Annus» de Juan Pablo II, monumentos creadores de justicia social, continuaron la noble tradición.
Los derechos de la ciudadanía frente a las amenazas del Estado se resaltan de la misma manera en numerosos documentos papales. Como valor elemental se ha privilegiado al hombre frente al gobierno, y a éste se estima subordinado a la sociedad, a la cual debe servir y procurar el bienestar común. El gobierno, según la Iglesia, debe estimular no la lucha entre los hombres sino: «la concordia», y lograr la articulación: «entre las dos potestades», el Estado y la sociedad, tal como se expresaba en «Inmortale Dei».
La Iglesia reconoce la autoridad justa al mismo tiempo que cuestiona la opresión y la esclavitud; condena los totalitarismos y el racismo, en cualquiera de sus formas y proveniencias, y se pronuncia por la primacía y el valor del hombre y de su libertad.
En las últimas décadas ha profundizado el tema social al señalar que: «El desarrollo es el nuevo nombre de la paz», como lo expresara Pablo VI, siendo urgente mejorar la vida colectiva, el bienestar de todos y el sostenimiento de una civilización más justa, solidaria y libre.
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