Santiago de Chile.-La Corte de apelaciones en un dictamen unánime, anuló un fallo anterior de la jueza del Vigésimo Juzgado Civil de la capital, Sylvia Papa que argumentó que el Postinor-2 tiene el mismo principio activo (Levonorgestrel de 0,75 miligramos) que el Postinal, su antecesor ya prohibido el 2001. La magistrada alegó que la legislación vigente faculta a los tribunales para «proteger la vida del que está por nacer». El ISP (Organismo del Gobierno) impugnó la decisión de Sylvia Papa y los ministros Hugo Dolmestch, Dobra Lusic y la abogada integrante Paulina Veloso acogieron sus argumentos y dejaron sin efectos las medidas decretadas por la jueza. En ese contexto los ministros concluyen: «La jurisdicción no puede intervenir resolviendo el conflicto de intereses propuesto (…), pues ésta sólo puede hacerlo sobre la base de certezas y no le es posible reconocer derechos u obligaciones derivados de hipótesis científicas en plena discusión». Lo más probable es que si dichos magistrados se hubiesen enfrentado al tema de la esclavitud, cuando muchos discutían sobre la condición humana de indígenas o africanos, hubiesen sido tolerantes con la esclavización, por ser cuestión cientificamente no sentenciada. En un fallo de once páginas hacen una descripción general del proceso de gestación del ser humano afirmando, contradictoriamente, que está en etapa de discusión científica si el fármaco atenta contra la vida por nacer. Declaran: «Es por ello que, tanto el momento en que ocurre la concepción así como los efectos que produce en el organismo humano una píldora con determinados componentes químicos como de la que se trata en estos antecedentes, asunto respecto del cual no hay un veredicto científico indubitado, no puede ser resuelto por una sentencia emanada del órgano jurisdiccional, pues en tal caso se estaría reemplazando o arbitrando la verdad científica o la reflexión filosófica, lo que no es de su incumbencia, sino que materia que compete a otros órganos del Estado y de la sociedad». Dicho gesto judicial se enmarca en una serie de controversia en las que ha entrado el Poder Estatal, por sus omisiones ante las torturas descritas por el llamado «Informe Valech».
