Manila: »Llamamiento de la Conferencia Episcopal de Filipinas.»

(Agencia Fides) – Rechazo de toda solución violenta; llamamiento a un serio discernimiento, caracterizado por criterios de transparencia y justicia; oración común para que en el orden político triunfe el Bien común. Son las peticiones contenidas en el llamamiento publicado ayer por la Conferencia Episcopal de Filipinas, que intervino sobre la crisis política que atraviesa el país. Los 85 obispos filipinos, reunidos en Manila del 8 al 11 de julio, han presentado un documento titulado «Restablecer la confianza: llamamiento a los valores morales en la política filipina». El texto realiza un largo examen de la actual situación de crisis en que versa el país pero no toma partido contra la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, que atraviesa un difícil momento político. El mensaje era muy esperado, dada la importancia y la tradicional influencia social que tiene la Iglesia en Filipinas, país en un 85% católico. Los Obispos no se han unido a los diversos segmentos sociales y políticos que piden a grandes voces la dimisión de la presidenta, bajo acusación de presuntos fraudes electorales y obligada a hacer frente a un difundido descontento social causado por un reciente aumento de los precios.En el documento, los Obispos indican la enésima crisis política que amenaza con polarizar el país y que ha creado mucha confusión a nivel popular. «En el centro de esta crisis está la cuestión de los valores morales, en particular el de la confianza. El pueblo no tiene confianza en nuestras instituciones económicas, que lo constriñen bajo la tiranía de una pobreza inhumana. Y no tiene confianza en nuestro sistema político. La política no ha respondido eficazmente a las necesidades de los pobres y marginados.»

El documento recuerda la posición de académicos, intelectuales, políticos y exponentes de la sociedad civil respecto a la presidenta Arroyo: algunos querrían su dimisión o el impeachment. Los Obispos recuerdan que «no son políticos» y, no queriendo entremeterse en cuestiones estrictamente políticas, ofrecen su juicio sobre las actividades sociales «desde un punto de vista moral, el del Evangelio de Jesucristo y del Reino de Dios.»

Refiriéndose a la presidenta, Arroyo, el Obispo afirman: «En espíritu de humildad y verdad nosotros declaramos nuestro discernimiento colectivo y no pedimos su dimisión». Pero por otro lado, reconocen que “los llamamientos no violentos a las dimisiones, la petición de una Comisión por la Verdad o del impeachment no están en contra del Evangelio», dando legitimidad a todas las posiciones en el debate político presente.

La Conferencia Episcopal pide que, en todo caso, se realice un recorrido según el dictado constitucional e invita a todos los políticos a tomar decisiones «a la luz de los valores evangélicos de verdad, justicia y bien común». «Pedimos a nuestra gente – se lee en el documento – en las parroquias y en las comunidades religiosas, a las organizaciones y a los movimientos, que se reúnan para rezar, y luego decidir y actuar, para que la voluntad de Dios prevalezca en el orden político.»

Los Obispos apelan al diálogo y a la confrontación serena, siempre bajo la insignia de la transparencia y de los principios morales, recordando pasos del «Compendio de la Doctrina social de la Iglesia», de la «Populorum Pogressio» y de la «Pacem en Terris.» Como conclusión del documento los Pastores filipinos se proponen un mayor compromiso para evangelizar lo social y la política, para la formación de hombres y mujeres competentes y cristianos auténticos, que puedan dar prueba de integridad moral al ejercer su liderato político.

El texto está firmado por Mons. Fernando Capalla, Presidente saliente de la Conferencia Episcopal. La asamblea ha designado al nuevo Presidente, que empezará su cargo a partir del 1° de enero del 2006: se trata del arzobispo de Jaro, Mons. Angel Lagdameo, actual vicepresidente.

La presidenta Gloria Arroyo es acusada de fraude electoral en las elecciones del año pasado, y algunos de sus familiares – entre ellos su marido, exiliado voluntariamente hace algunos días en Estados Unidos para evitar problemas a la mujer – son sospechosos de de haber ganado en el juego de azar clandestino. El 25 de julio próximo, el Parlamento de Filipinas examinará una moción de la oposición para poner a Arroyo en estado de acusación. Pero es improbable que la medida sea aprobada, dado que el jefe del Estado puede contar con la mayoría en ambas las Cámaras. Pero mientras tanto la tensión social y el descontento en el país no disminuyen.

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