Las «expertas» del Comité de seguimiento de la Convención en contra la Discriminación de las Mujeres (CEDAW), recomendaron al Paraguay revisar su legislación que pena el aborto, y plantearon la separación entre el Estado y la Iglesia desde una perspectiva anticristiana. Con estas medidas se pretende imponer el aborto, en todos los paises donde aún no está legalizado.
El Comité del CEDAW, está celebrando en New York, su sesión 32ª entre el 10 al 28 de enero. Como órgano de «vigilancia y monitoreo» del cumplimiento de la Convención y de su Protocolo Opcional está examinando los informes de 8 Estados partes: Argelia, Croacia, Gabón, Italia, República Democrática Popular de Laos, Samoa, Turquía y Paraguay, que presentó juntos sus informes tercero, cuarto y quinto. El día 17 de enero presentó sus informes la delegación de Paraguay, que ratificó la Convención en 1987 y el Protocolo Opcional en 2001. Recordamos que el Protocolo Opcional fue calificado en el Senado de los Estados Unidos como un instrumento «para la globalización del aborto»; y que la Conferencia Episcopal Argentina declaró que su ratificación «representa una renuncia a la soberanía que dejaría una brecha abierta a la futura aprobación del aborto». Hace tiempo que el feminismo tomó un marcado tinte anticatólico. Para las lesbo-feministas, que ignoran el orden natural, común a todos los hombres y mujeres cualquiera sea su religión, la Iglesia es quien impide el «desarrollo de los derechos humanos de las mujeres», entre ellos los derechos reproductivos y sexuales (aborto, anticoncepción homosexualidad). Para ellas la «separación» entre Iglesia y Estado, es más bien un totalitario intento de arrancar las raíces cristianas de las sociedades, mediante una renovada persecución ideológica a los cristianos. En este contexto han de interpretarse las palabras de la feminista Silvia Pimentel, miembro del Comité y experta de Brasil, que dijo que la separación entre el gobierno y la religión es muy importante, no solamente en Paraguay, sino también en toda Latinoamérica y el Caribe. «El comienzo de un nuevo milenio proporciona una gran oportunidad de tener una sociedad verdaderamente moderna o al contrario de retroceder en esta aspiración. Lograr el progreso en términos legales y políticos requiere que se ponga a las mujeres en el centro de este debate. La Constitución de Paraguay, que está en vigor desde 1992, separó la Iglesia del Estado. Por lo tanto, debe proteger a las mujeres contra la privación de sus derechos promovida por las creencias o prácticas religiosas».